COMUNICADO HUELGA 4M

Desde la aprobación del Decreto 21/2020, de 17 de febrero de la Junta de Andalucía, sin previo aviso y sin contar con el consenso de la comunidad educativa andaluza, se ha generado una gran convulsión en la comunidad educativa andaluza al comprobar como las políticas actuales ahondan en la privatización de la escuela en lugar de apostar por una escuela pública de calidad. Un abandono que llevamos notando años y que no parece revertir sino aumentar. Por este motivo se ha convocado una huelga el próximo 4 de marzo de 2020, con movilizaciones en las ocho provincias de Andalucía.

¿Cuáles son las medidas más polémicas del decreto?

• Artículos 4.2 y 4.3: Introduce el concepto de demanda social como uno de los criterios para programar la oferta educativa. Mercantilizar la planificación educativa desde intereses particulares se aleja del componente social básico de la Educación. Crear paraísos por un lado, y guetos por otro, impide que nuestras hijas e hijos crezcan en un ambiente que refleje la verdadera realidad social en la que viven y anula las oportunidades de futuro de un buen sector de nuestra sociedad.
• Capítulo II: Las Delegaciones definirán las zonas de escolarización sin que la Comunidad Educativa tenga poder de decisión. Esto hace que los mapas escolares serán una decisión política.
• Artículo 9.4: "Las áreas de influencia para casa enseñanza se configurarán de forma que las personas solicitantes tengan la máxima puntuación por el centro de proximidad al centro del domicilio familiar o del lugar de trabajo en, al menos, un centro de cada tipo" Esto supone una inaceptable discriminación positiva hacia los centros privados concertados que se suma al concepto de demanda social, lo que provocará la pérdida de unidades en la educación pública por trasvase de alumnado. Menos líneas llevarán a menos inversión y menos personal. No podemos permitir entrar en esta espiral de deterioro. Con el descenso de la natalidad, los centros públicos son los únicos que han visto reducidas las líneas mientras que los privados están totalmente blindados.
• Artículo 2.9: Regula el acceso para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. En él se expone que "La Consejería competente en materia de educación determinará aquellos centros que dispongan de recursos específicos que resulten de difícil generalización para la escolarización de este alumnado". Esto supone una grave discriminación porque elimina el derecho de este alumnado a matricularse en el centro que le corresponda por zona. Supone una contradicción con el emblema "libertad de elección de centro" para las familias con una delicada situación. Y lo que es más preocupante, puede provocar la generación de guetos que vulneren el derecho a la educación en condiciones de igualdad para todas y todos.
• Hasta ahora, los Equipos de Orientación Educativa (EOE) eran los que acreditaban la presencia de necesidades educativas especiales en el proceso de admisión, sin necesidad de tener el reconocimiento de grado de discapacidad. Sin embargo, con el actual decreto, sólo puntuarán aquellos alumnos que presenten un reconocimiento de discapacidad del 33 o 66%. Para muchas familias cuyos menores van a acceder al segundo ciclo de infantil es imposible acreditar esta condición porque los pequeños en torno a 3 años aún están en proceso de diagnóstico, o esperando la evolución en su crecimiento.
• Artículo 14.2: Refiere que para el criterio de trastorno de desarrollo es necesaria la certificación correspondiente que deberá ser remitida por el órgano competente de acuerdo con lo que se establezca por Orden de la persona titular de la Consejería, competente en materia de educación, anulando así a los EOE, porque no queda claro si su trabajo certifica las necesidades educativas especiales, abriendo las puertas a que entidades privadas elaboren dichos certificados.

¿Por qué debemos protestar frente al criterio de libre elección de centro?

Las políticas aplicadas desde hace años dirigidas a la libre elección de centro han sido una de las razones del deterioro que la educación pública ha venido sufriendo. Esta nueva norma, en lugar de dar un paso atrás, lo que hace es avanzar en este camino. Perdemos la oportunidad de reducir la ratio en las aulas andaluzas, una ratio que ni siquiera se viene respetando en infinidad de centros públicos andaluces (cuestión denunciada en tribunales por el sindicato USTEA)

Los datos de segregación escolar e incremento de las desigualdades son alarmantes en los territorios donde las políticas de libre elección de centro están implantadas. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, la segregación socio-económica ha aumentado un 35% desde su aplicación, situándola como la región con mayor segregación de toda Europa, tan solo superada por Hungría, y su porcentaje de centros gueto duplica la media nacional.

La Asociación de Madres y Padres Celestino Mutis, en representación de las familias del CEIP Reyes Católicos, cree firmemente que la escuela pública no está recibiendo los recursos que se merece y que, lejos de invertir en mejorar la calidad educativa, se están buscando estrategias para apoyar a la educación privada concertada de una manera más evidente con este nuevo decreto de escolarización.

Creemos en una enseñanza pública para todas y todos, que garantice la equidad y la justicia, la igualdad de oportunidades para todos los sectores de la sociedad, una visión que debería ser el eje vertebral del decreto, no el blindaje de la educación privada y la subvención con dinero público de un modelo educativo creado a la medida de intereses particulares.

La evolución demográfica de España en la que la natalidad es cada vez menor, supone la oportunidad de reducir los conciertos educativos, que en su día se crearon para dar cabida a los alumnos que no podían ser atendidos por el sistema público, pero que hoy en día pueden ser absorbidos en su inmensa mayoría en centros públicos. Nuestros representantes deben actuar para ofrecer una educación de CALIDAD, mantener las líneas públicas, dotarlas de recursos suficientes, disponer de centros de referencia, que sean el orgullo de las comunidades que lo integran, y no abandonarlos para que entren en una espiral de deterioro que los avoque a la desaparición.

Por todo ello, animamos a las familias del CEIP Reyes Católicos a secundar la huelga convocada para el próximo 4 de febrero no llevando a sus menores al colegio, y a sumarse a la movilización convocada para ese mismo día en Granada a las 11:00 de la mañana en la Plaza del Carmen, que culminará en Delegación de Educación de Granada (Junto a los Jardines del Triunfo)

Del mismo modo, aclaramos que la huelga es un derecho constitucional y los docentes no están obligados a decir con antelación si van a secundarla o no. El colegio, como servicio público, está obligado a ofrecer servicios mínimos. Por tanto, aquellas familias que no quieran o no puedan secundar la huelga pueden llevar a sus menores al centro, donde estarán perfectamente atendidos por el personal que cubra los servicios mínimos escolares.